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La sombra de la megacorrupción vuelve a cernirse sobre la administración pasada de CULTUR, luego de que información enviada a nuestra redacción revelara un esquema sistemático de desvío, favoritismo y daño patrimonial que habría operado bajo el mando del entonces titular, Clemente Escalante Alcocer, en presunta complicidad con David Escalante Lombard, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE).
De acuerdo con testimonios y documentos preliminares, ambos habrían articulado un negocio privado disfrazado de política pública, aprovechando los recursos del Centro de Convenciones Siglo XXI para beneficiar directamente a la empresa DMC Amigo Yucatán, propiedad de David Escalante.
Descuentos del 60% al 90%: la ruta del privilegio
Las investigaciones iniciales apuntan a que desde CULTUR se otorgaban descuentos irregulares de entre 60% y 90% a la empresa Amigo Yucatán en la renta de espacios del Centro de Convenciones.
Estos beneficios eran presentados como “cortesías del Gobierno del Estado” o eventos oficiales simulados, lo cual permitía justificar tarifas imposibles para el resto de la industria.
Este esquema no solo representaba una competencia desleal para banqueteras, productores y organizadores locales, sino que consolidaba una red cerrada donde solo una empresa podía acceder a precios preferenciales, generando un monopolio de facto.
La segunda capa del esquema: robarle contratos al propio Estado
Las fuentes consultadas aseguran que el problema va mucho más allá de simples descuentos.
El daño patrimonial se habría consumado mediante una operación interna ejecutada con precisión:
1. CULTUR conseguía contratos legítimos con empresas privadas.
Montos que, por ejemplo, podían alcanzar 1 millón de pesos.
2. Un empleado clave intervenía: Cristóbal Broca Abreu.
Originario de Tabasco, Broca fungía como enlace de contrataciones en CULTUR, pero su presunta función oculta era otra: avisar a David Escalante sobre cada contrato en proceso.
3. Amigo Yucatán contactaba al cliente para “mejorarle” el precio.
Con información privilegiada, ofrecían el mismo servicio por 300 mil pesos menos, es decir, por 700 mil pesos.
4. El cliente rescindía su contrato con CULTUR.
Al percibir un mejor trato económico, contrataba directamente a la empresa privada.
5. Luego llegaba el remate: el mega descuento interno.
David Escalante solicitaba un descuento del 80% en CULTUR, de manera que el Estado terminaba cobrando solo 200 mil pesos por un evento que originalmente valía 1 millón.
Resultado:
El Estado perdía 800 mil pesos por evento, mientras el negocio privado obtenía clientes reclutados con ayuda de información interna del propio gobierno.
¿Cuántos millones se desviaron? Urge una auditoría profunda
La red revelada no solo representa corrupción, sino un posible quebranto patrimonial sistemático contra el Estado de Yucatán.
La ciudadanía merece respuestas claras y responsables. Lo expuesto hasta ahora es solo la punta del iceberg del presunto “Clan de los Escalante”, una estructura que operó durante un año a espaldas de los yucatecos.