POR ESO | Yucatán
El escándalo ambiental por las Dunas de Chuburná sube de nivel. En medio de la polémica por los permisos otorgados a proyectos inmobiliarios en la costa y de señalamientos sobre presuntas irregularidades en la gestión ambiental, trascendió la salida de Guillermo Humberto Porras Quevedo, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán.
De acuerdo con versiones que circulan, la remoción estaría relacionada con presuntos actos de corrupción y posibles irregularidades en la liberación y tramitación de permisos para desarrollos inmobiliarios en la costa yucateca.
El movimiento ocurre justo cuando el caso Dunas de Chuburná ha colocado bajo la lupa la actuación de las autoridades ambientales y la relación entre gobierno, empresarios y desarrolladores.
DE NEGAR EL PROYECTO… A AUTORIZARLO
El expediente de Dunas de Chuburná resulta especialmente polémico.
A finales de 2023, la Semarnat habría rechazado la Manifestación de Impacto Ambiental presentada para el proyecto promovido por la empresa Auralux Representaciones, al considerar las condiciones ambientales de la zona.
Sin embargo, en julio de 2025, ya durante la gestión de Porras Quevedo, se emitió y notificó una autorización condicionada, además de avanzar el procedimiento relacionado con el cambio de uso de suelo, lo que permitió continuar con el proyecto inmobiliario.
La obra contempla 14 torres y 138 departamentos en una zona considerada ambientalmente sensible.
Y ahí comenzó buena parte del problema.
Especialistas y sectores de la sociedad han advertido sobre los posibles efectos de modificar el ecosistema costero, particularmente por el papel que desempeñan las dunas como barrera natural frente a huracanes, marejadas y otros fenómenos meteorológicos.
La controversia llegó hasta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que determinó imponer una clausura temporal total al proyecto.
Y EL PROBLEMA NO TERMINA EN CHUBURNÁ
La salida de Porras Quevedo ocurre además en un contexto de creciente inconformidad entre empresarios y desarrolladores, quienes han señalado presuntos retrasos, condicionamientos y obstáculos en la tramitación de permisos ambientales.
Pero el tamaño de la problemática ambiental en Yucatán quedó todavía más expuesto con la llegada de funcionarios federales de alto nivel de Semarnat, Profepa y Conanp.
La ausencia del entonces titular estatal de Semarnat no pasó desapercibida.
La comitiva sostuvo reuniones con el gobernador Joaquín Díaz Mena y autoridades estatales para revisar la problemática ambiental que enfrenta Yucatán.
Y el mensaje parece ir mucho más allá de Chuburná.
Sobre la mesa también aparecen conflictos y cuestionamientos relacionados con Sisal, Celestún y Telchac Puerto, donde el crecimiento inmobiliario y turístico mantiene bajo presión a ecosistemas costeros considerados estratégicos.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA COSTA?
La salida de Porras Quevedo abre ahora una serie de preguntas: ¿qué ocurrió con los permisos autorizados durante su gestión?, ¿hubo irregularidades en los procedimientos?, ¿quién autorizó qué y bajo qué condiciones?, y, sobre todo, ¿habrá una revisión a fondo de los proyectos inmobiliarios que avanzaron en la costa yucateca?
Por ahora, se trata de versiones y señalamientos que deberán ser confirmados oficialmente.
Lo que sí es evidente es que el caso Dunas de Chuburná dejó de ser un asunto aislado: la discusión sobre el desarrollo inmobiliario, la protección de las dunas y el manejo de los permisos ambientales ya escaló a las más altas instancias federales y estatales.
