Una nueva filtración de datos sacude al sistema de transporte público en Yucatán: se dio a conocer que información sensible de operadores, operadoras, empresas concesionarias y sus respectivas unidades fue expuesta, según fuentes internas. La filtración, según trascendió, no provino de un ataque externo, sino que fue resultado de una fuga interna, lo que evidencia un preocupante nivel de descontrol dentro de la administración del sistema de movilidad.
La Agencia de Transporte de Yucatán, en respuesta, afirmó que ya se están realizando investigaciones para determinar responsabilidades y que podrían tomarse acciones administrativas y legales. Sin embargo, la confianza ciudadana en la protección de los datos personales se tambalea, y con justa razón.
Aunque la autoridad asegura que no hubo ciberataque y que la información de los usuarios no está en riesgo, el incidente plantea una pregunta inevitable: ¿qué tan seguros están los datos de los miles de yucatecos que utilizan diariamente el transporte público?
Más allá del discurso oficial, el hecho revela fallas estructurales en los mecanismos de resguardo de datos y una falta de control interno que no se puede pasar por alto. En un contexto donde la digitalización del transporte ha sido promovida como un avance, este tipo de errores no solo son inadmisibles, sino alarmantes.
¿Quién vigila a los que manejan los datos? ¿Quién responde si mañana se filtra el padrón de usuarios?
Mientras el gobierno promete transparencia y eficiencia, los hechos apuntan a una preocupante negligencia.