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Se evidencia la corrupción de la 4T en cambios por renovación de licencias

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Un nuevo episodio de corrupción en Quintana Roo ha desatado el malestar entre los ciudadanos, siendo la “gota que derrama el vaso” en medio de una serie de medidas controvertidas. La reciente decisión de no permitir renovaciones de licencias, considerando cada trámite como una expedición por primera vez, ha generado indignación.

Este cambio, que implica la exigencia de todos los requisitos y documentos, incluso para conductores con décadas portando la licencia, ha llevado a cuestionar la transparencia y eficacia de la gestión de Rodrigo Alcázar al frente del Instituto de Movilidad estatal. El incremento súbito del costo de las licencias, la posible concesión a un particular, el retiro de subsidios y requisitos adicionales, como exámenes de vista, ya habían provocado descontento.

Surgen preguntas cruciales: ¿Los sobrecostos fueron acordados entre municipios e INMOVEQROO? ¿La eliminación de renovaciones fue también parte de estos “acuerdos”? La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), dirigida por Eugenio Segura, enfrenta cuestionamientos sobre su participación o conocimiento del asunto, especialmente en medio de las aspiraciones políticas de Segura por una senaduría.

La Secretaría de Gobierno, liderada por Cristina Torres, intentó calmar la protesta prometiendo “descuentos”, pero persisten dudas sobre la eficacia de estas medidas para aliviar el impacto económico en los ciudadanos.

La variación de tarifas según la demanda en distintos municipios y la aparente ausencia de marcha atrás ante la afectación generalizada plantean interrogantes sobre la gestión gubernamental y la falta de explicaciones convincentes hasta el momento.

Desde el Congreso local, el diputado presidente de la Comisión de Movilidad, José María Chacón, intenta desvincularse del agravio ciudadano, a pesar de ser el impulsor de la modificación normativa que habilitó al INMOVEQROO para implementar estas medidas.

La incertidumbre sobre si habrá una revisión inmediata y acciones correctivas aumenta entre los quintanarroenses, quienes buscan respuestas a esta situación que afecta directamente a sus bolsillos.

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