Un grupo de padres de familia denunció presuntas irregularidades y posibles prácticas de fraude en los servicios educativos ofrecidos por la escuela particular Wisconsin School, con clave CCT 31PES0160B, que imparte niveles de primaria y secundaria en la ciudad de Mérida. Los inconformes señalan incumplimientos graves en el modelo educativo prometido, así como deficiencias académicas, administrativas y de seguridad que, aseguran, afectan directamente la formación y el bienestar de sus hijas e hijos.
De acuerdo con los testimonios, la institución ofrecía un enfoque bilingüe y bicultural, además de metodologías innovadoras y el uso de herramientas pedagógicas modernas. Sin embargo, los padres afirman que estas promesas no se cumplen en la práctica, pues el sistema bilingüe sería limitado e inconsistente, el uso de libros y plataformas educativas resultaría irregular y el nivel académico habría mostrado un deterioro progresivo.
Los denunciantes atribuyen estas deficiencias, en parte, a la falta de capacitación del personal docente, así como a la escasez de personal, lo que habría impactado negativamente en la continuidad de los procesos educativos y en el seguimiento académico del alumnado.
Uno de los casos expuestos es el de la familia Mothelet Salas, que solicitó la devolución de aproximadamente 18 mil pesos, al considerar que los servicios educativos contratados no fueron prestados conforme a lo ofrecido. En este contexto, los padres informaron que acudirán a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para interponer una denuncia formal por presunto fraude en la prestación de servicios educativos.
En el ámbito educativo y administrativo, los afectados también entregaron un documento a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), solicitando su intervención directa como autoridad garante del interés superior de la niñez, del derecho humano a la educación y de la calidad de los servicios educativos particulares que operan en la entidad.
Además de las fallas académicas, los padres expresaron su preocupación por la seguridad y la convivencia escolar. Señalaron la falta de sistemas y métodos de control, así como la ausencia de cámaras de videovigilancia dentro del plantel. Según refieren, la escuela habría argumentado que la SEP no permite la instalación de cámaras, versión que ha generado inquietud entre las familias, al considerar que la carencia de estos mecanismos ha derivado en problemas graves de indisciplina.
En cuanto a la estructura directiva, los denunciantes indicaron que el propietario del plantel sería Israel Leal Franco. La directora cooperativa actual es Cristina Gorbea Graniel, mientras que la directora académica, con apenas una semana en el cargo, es Belinda Lizcano. Previamente, esa función habría sido desempeñada por Pamela Valle, de acuerdo con la información proporcionada por los padres inconformes.
Finalmente, las familias reiteraron su llamado a las autoridades educativas y de protección al consumidor para que se lleve a cabo una revisión exhaustiva del plantel, se verifique el cumplimiento de los programas y servicios ofrecidos, y se garantice que las escuelas particulares operen con apego a la ley y a los estándares educativos, priorizando en todo momento el bienestar, la seguridad y la formación académica de niñas, niños y adolescentes.