La promesa de apoyo político se transformó —según denuncian— en indiferencia y gestiones inútiles para don Miguel Barón y su familia, quienes aseguran estar a punto de perder su vivienda en la colonia Delio Moreno por un proceso legal basado en pagarés que califican como fraudulentos.
El caso involucra al diputado Óscar Brito, a quien la familia señala por haber enviado abogados que, lejos de defenderlos, prácticamente les habrían advertido que la única opción es pagar para recuperar la casa que habitan desde hace cinco décadas.
“La ayuda” que indignó a la familia
De acuerdo con el testimonio de los afectados, los representantes legales enviados por el legislador informaron que la única salida sería negociar con la mujer identificada como Yezmi, quien reclama la propiedad tras adquirir los pagarés que originaron la deuda.
La esposa del afectado, doña Addy, cuestionó a los abogados al recordar que el matrimonio está bajo régimen de bienes mancomunados, lo que complicaría legalmente el intento de despojo. Según relatan, esta información sorprendió a los emisarios, quienes no contemplaban ese escenario.
La familia afirma sentirse traicionada, ya que apoyaron políticamente al partido en el poder durante campañas electorales y esperaban respaldo efectivo, no —dicen— advertencias de derrota legal.
Una casa de 50 años en riesgo
La vivienda, ubicada en la colonia Delio Moreno de Mérida, está valuada en aproximadamente 500 mil pesos y representa el patrimonio de toda una vida para la familia Barón, que ha habitado el inmueble por medio siglo.
Según los denunciantes, el expediente judicial permaneció inactivo durante años, pero se reactivó recientemente con rapidez inusual, lo que atribuyen a presuntas influencias de quienes adquirieron los documentos de deuda.
El origen: pagarés firmados “para poder trabajar”
La raíz del conflicto se remonta a cuando don Miguel laboraba como chofer en la empresa de transporte Rapsa. Para operar las unidades, los conductores debían firmar pagarés en blanco como garantía por la “renta” del autobús.
Al terminar su relación laboral, asegura, nunca le devolvieron dichos documentos. Años después, tras la quiebra de la empresa, los acreedores habrían llenado los pagarés con montos de 20 mil y 80 mil pesos, suficientes para iniciar acciones legales contra él.
Con base en esos documentos, se promovió un procedimiento judicial que hoy amenaza con despojarlo de su vivienda.
Intento de desalojo y resistencia vecinal
En agosto de 2025 se intentó ejecutar una orden de desalojo, pero la intervención de vecinos y el apoyo del abogado Andrés Nieves lograron frenar la diligencia. La recomendación fue clara: no abandonar la casa.
Posteriormente, en enero de este año, durante una audiencia de conciliación, la parte que posee los pagarés ofreció terminar el litigio si la familia pagaba 450 mil pesos, una cifra que prácticamente equivale al valor total del inmueble.