Una serie de denuncias presentadas por activistas y usuarios de los servicios de salud colocó bajo escrutinio la operación del Programa Estatal de Prevención y Control del VIH, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en Yucatán, al señalar posibles irregularidades administrativas que ya fueron turnadas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Los inconformes sostienen que, durante la gestión de la Dra. Dulce María Cruz Lavadores, se habría dado prioridad a la promoción y fortalecimiento del Wellness Center Mérida, que opera mediante un convenio con la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF), mientras que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e ITS (CAPASITS) enfrentan rezagos en infraestructura, mantenimiento y abastecimiento de insumos.
Según las denuncias, los CAPASITS continúan siendo poco conocidos entre la población debido a la limitada difusión institucional de los servicios gratuitos que ofrecen. A ello, afirman, se suman deficiencias en el suministro de medicamentos antirretrovirales, pruebas rápidas de detección y preservativos, además del deterioro de sus instalaciones.
Los denunciantes consideran que existe un trato desigual, al señalar que estrategias preventivas como la Profilaxis Preexposición (PrEP) y la Profilaxis Postexposición (PEP) han tenido mayor impulso dentro del Wellness Center, mientras que su implementación en la red pública de los CAPASITS sigue siendo limitada.
Las acusaciones también incluyen cuestionamientos sobre decisiones administrativas, como la presunta rotación constante de directivos en los CAPASITS y el nombramiento del actual responsable del centro en Mérida, el Dr. Luis Tzec Villanueva, cuya designación ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores.
Además, los colectivos denuncian posibles actos de nepotismo, tráfico de influencias y abuso de funciones, al considerar que habría existido un favorecimiento hacia determinados actores dentro del programa estatal y una concentración de esfuerzos institucionales en el convenio con AHF.
Ante este panorama, solicitaron a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno iniciar una investigación para determinar si existen responsabilidades administrativas, además de realizar una auditoría a los convenios suscritos con AHF y revisar el destino de los recursos públicos destinados a la prevención y atención del VIH en Yucatán.
Los promoventes sostienen que las presuntas irregularidades podrían repercutir en la calidad de los servicios de salud y en el acceso de la población a programas de prevención y tratamiento.
Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Yucatán y las personas mencionadas en las denuncias no han emitido una postura pública sobre los señalamientos, los cuales permanecen en etapa de denuncia y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
