Hay quienes pasan la juventud desvelándose para terminar la carrera de Derecho, conseguir un empleo modesto y, con suerte, aspirar algún día a comprar una casa. Y luego está Alán Jesús Hernández Conde, quien, según los registros públicos disponibles, parecía haber entendido desde muy temprano que el negocio no estaba precisamente en los códigos, sino en los terrenos.
Mientras la mayoría de los jóvenes de 24 años apenas aprendía a sobrevivir pagando renta, Hernández Conde ya figuraba como accionista de una empresa relacionada con el desarrollo inmobiliario. Todo un prodigio empresarial. Algunos nacen con estrella; otros, con escrituras.
Los documentos muestran que, en pocos años, comenzó a reunir propiedades en puntos estratégicos como Tixkuncheil, Progreso y Santa Rita Cholul. Una puntería que haría palidecer a cualquier desarrollador inmobiliario. Si existiera un premio al mejor olfato para detectar la plusvalía antes que nadie, probablemente habría que bautizarlo con su nombre.
Por supuesto, hacerse millonario no constituye delito. Nadie afirma lo contrario. Lo verdaderamente admirable es la sincronía entre el crecimiento patrimonial y una carrera que terminaría llevándolo hasta el Tribunal Superior de Justicia. Hay quienes hacen carrera en el Poder Judicial; otros, al parecer, primero consolidan un pequeño imperio inmobiliario y después llegan a impartir justicia.
Porque no deja de ser una hermosa coincidencia que quien hoy puede resolver controversias sobre propiedades y patrimonio también conozca el mercado inmobiliario desde la experiencia… muy de cerca.
Los registros consultados refieren que el hoy magistrado cuenta con al menos cuatro inmuebles y que logró liquidar créditos por montos importantes. Todo perfectamente posible. Al fin y al cabo, en Yucatán la plusvalía parece hacer milagros y algunos patrimonios florecen con una velocidad que ni los árboles del programa de reforestación estatal.
Quizá el verdadero secreto del éxito judicial nunca estuvo en estudiar jurisprudencia, sino en dominar el arte de comprar tierra en el momento exacto. Después de todo, las sentencias pueden cambiar, pero un buen terreno en una zona de alta plusvalía siempre será una inversión más segura.
La pregunta incómoda no es si el patrimonio es legal; esa respuesta corresponde a las autoridades competentes. La pregunta es otra: ¿puede la ciudadanía confiar plenamente en un sistema judicial cuyos integrantes proyectan una prosperidad que pocos profesionistas, incluso exitosos, alcanzan en tan poco tiempo?
Porque la justicia no solo debe ser imparcial. También debe parecerlo. Y cuando la toga comparte escaparate con un portafolio inmobiliario envidiable, la confianza pública empieza a cotizar a la baja.
Quizá por eso el verdadero lema no escrito del Poder Judicial debería actualizarse: “La justicia es ciega… pero tiene un extraordinario ojo para las oportunidades inmobiliarias”.
