Con total opacidad y violando flagrantemente los derechos laborales, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) llevó a cabo el 13 de marzo de 2025 un irregular proceso de “compactación” de horas para docentes con múltiples centros de trabajo. Lejos de ser una medida transparente y justa, esta acción arbitraria pisoteó los lineamientos de sus propias convocatorias, así como los de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
El argumento oficial fue que esta compactación beneficiaría a los maestros al permitirles concentrar sus horas en una sola escuela o acceder a horas de reciente jubilación. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por la discrecionalidad: no se informó de manera clara a los sindicatos ni al magisterio en general, dejando fuera a muchos docentes que pudieron haber participado.
Preguntas sin respuesta, pero con una realidad evidente
• ¿Por qué la SEGEY operó con total opacidad?
• ¿Por qué se violaron los lineamientos de sus propias convocatorias?
• ¿Por qué no se consultó ni informó a los sindicatos y al resto del magisterio?
Las respuestas, aunque indignantes, son evidentes: ineptitud, amiguismo, corrupción, prepotencia y nepotismo. Elementos que parecen ser el sello de la actual administración educativa en Yucatán.
Mientras en el discurso oficial se habla de bienestar, renacimiento maya y revalorización del magisterio, en la práctica se imponen decisiones autoritarias que vulneran a quienes sostienen el sistema educativo: los maestros. Este atropello no solo evidencia un retroceso en materia laboral y educativa, sino que reafirma el autoritarismo con el que operan las dependencias del gobierno estatal.
La SEGEY ha dejado claro que la legalidad y la justicia laboral son letra muerta en su administración.
