César Aticiaga Ronquillo, dueño de una empresa de grúas de plataforma, denunció públicamente haber sido víctima de una detención ilegal y robo por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY). Según su relato, los hechos ocurrieron el pasado domingo 12 de enero, cuando transportaba una camioneta de lujo de la Ciudad de México a Cancún, Quintana Roo.
Detención arbitraria y amenazas
Aticiaga narró que al llegar a la entrada de Mérida fue detenido en un retén militar para una inspección de rutina, la cual superó sin irregularidades. Sin embargo, metros más adelante, elementos de la Fiscalía Estatal lo detuvieron sin motivo aparente. Durante la intervención, los agentes lo amedrentaron, le arrebataron su teléfono celular y los documentos de la camioneta que transportaba.
Posteriormente, fue escoltado hasta las instalaciones de la Fiscalía y encarcelado en la cárcel por 36 horas. Durante su detención, fue presionado para firmar una declaración falsa en la que se le acusaba de “alboroto en vía pública”. Aticiaga asegura que nunca se le permitió narrar los hechos y que sufrió violencia psicológica durante su reclusión.
Robo de la camioneta y amenazas de muerte
En su denuncia, Aticiaga afirmó que uno de los policías ministeriales le expresó directamente que se quedaría con la camioneta de lujo que transportaba: “Tu camioneta me gustó y me la voy a quedar. Aquí la vas a bajar y te vas a ir sin nada”. Tras su liberación el martes 14 de enero, recibió nuevas amenazas de muerte para que abandonara el estado y dejara ambas unidades en Yucatán.
El denunciante aseguró que ni su grúa ni la camioneta de lujo han sido localizadas. Según sus palabras, la grúa no está en ninguno de los corralones municipales, y la camioneta transportada presuntamente permanece bajo resguardo en la Fiscalía, sin que se haya emitido documentación oficial sobre su paradero.
Corrupción en la Fiscalía y abuso de poder
Aticiaga manifestó su indignación ante lo que calificó como actos de corrupción flagrante por parte de elementos de la Fiscalía de Yucatán. Aseguró que los policías estatales y ministeriales operan como delincuentes y compartió su preocupación por el ambiente de violencia que presenció en la celda, donde fue testigo de agresiones físicas hacia otros detenidos.
El empresario anunció que presentará una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por los abusos sufridos y llamó a las autoridades federales y al actual gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, a tomar cartas en el asunto. Asimismo, expresó su temor de regresar al estado, debido a las amenazas en su contra y la desaparición de su medio de trabajo.
Una llamada a la justicia
Aticiaga finalizó su declaración señalando que Mérida no es la ciudad segura que los medios suelen proyectar: “La corrupción en la Fiscalía y en las policías locales está fuera de control. Espero que las autoridades federales investiguen mi caso y actúen para garantizar justicia no solo para mí, sino para otros que han sufrido abusos similares”.
El caso de César Aticiaga pone en evidencia presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía de Yucatán, dejando una pregunta en el aire sobre el compromiso del estado con la transparencia y el respeto a los derechos humanos.