Mérida, Yucatán.– Un video difundido en redes sociales generó indignación entre usuarios al mostrar a un ciudadano acusando a la policía de Kanasín de presuntamente retener su camioneta en el corralón mientras, según él, la unidad ya estaba siendo vendida en un lote de autos.
En la grabación, el quejoso asegura: “La policía de Kanasín me la quitó… y aquí me la están vendiendo”, además de lanzar acusaciones de corrupción y supuestos cobros indebidos por parte de las autoridades.
Sin embargo, la narrativa presentada en el video dista de la versión oficial documentada. La empresa Autos Itzaez, relacionada con la unidad, emitió un comunicado en el que aclara que el origen del conflicto no radica en un abuso de autoridad, sino en un incumplimiento de pago.
De acuerdo con la empresa, el vehículo fue adquirido en 2023, pero posteriormente el comprador original dejó de cubrir las mensualidades. A esto se suma que la unidad fue revendida entre particulares, complicando aún más la situación legal. Tras una falta administrativa cometida por quien poseía el vehículo, este fue remitido al corralón conforme a la ley.
Fue entonces cuando la empresa, al tener conocimiento del caso, realizó el procedimiento legal correspondiente para recuperar la unidad, presentando la documentación necesaria. Incluso, la empresa exhibió la factura original del vehículo y comprobantes de tenencias, acreditando la legítima propiedad y el proceso legal seguido. Asimismo, dejó en claro que la persona que aparece en el video no figura como comprador original de la unidad, lo que refuerza la inconsistencia de su versión.
Además, un punto clave que debilita la denuncia pública es que el propio quejoso no ha logrado acreditar legalmente la propiedad del vehículo. Hasta el momento, no ha presentado facturas, documentos oficiales ni pruebas jurídicas que respalden que la unidad le pertenece, más allá del video difundido en redes sociales.
Este caso exhibe un problema cada vez más común: el uso de plataformas digitales para difundir versiones parciales o engañosas que buscan generar presión pública sin presentar todos los elementos del contexto. Las acusaciones de corrupción y abuso, sin pruebas claras, no solo dañan la imagen de instituciones como la policía municipal, sino que también distorsionan la percepción ciudadana.
Si bien es válido exigir transparencia a las autoridades, también es fundamental que los ciudadanos asuman responsabilidad sobre sus compromisos legales, especialmente en operaciones de compra-venta financiadas.
La situación deberá ser aclarada por las instancias correspondientes, pero lo ocurrido deja una lección clara: no todo lo que se viraliza refleja la realidad completa, y la desinformación puede convertirse en un arma que afecta tanto a instituciones como a terceros involucrados.
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