El Poder Judicial Federal en Cancún se encuentra en el ojo del huracán tras una denuncia que ha sacudido los cimientos internos de un juzgado. La jueza María de los Ángeles Sánchez Domínguez fue señalada por presunto acoso laboral, abuso de poder, hostigamiento interno e irregularidades en su desempeño al frente del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal.
La denuncia fue presentada por Francisco Rafael Marín Gómez, quien asegura que dentro del órgano jurisdiccional se vive un ambiente marcado por el miedo, la presión psicológica y constantes humillaciones hacia el personal.
De acuerdo con el documento, la jueza habría protagonizado episodios de gritos, regaños públicos y encierros en oficinas privadas, donde trabajadores eran reprendidos de manera agresiva frente a sus compañeros. Incluso, se señala que en una ocasión varios secretarios fueron retenidos mientras eran increpados.
Uno de los hechos más delicados habría ocurrido el 29 de agosto de 2025, cuando el denunciante afirma haber sido expulsado entre gritos tras ser responsabilizado por un trámite interno, situación que —según su testimonio— derivó en una crisis de salud debido a padecimientos previos.
Tras ese episodio, denuncia que comenzaron represalias: cambios de personal sin aviso, aumento de carga laboral y retiro de apoyo operativo, mientras otros funcionarios presuntamente recibían trato preferencial.
El documento también apunta a retrasos en audiencias, diferimientos constantes y presuntas fallas administrativas, lo que habría generado rezago en los procesos y afectaciones a litigantes.
Otro señalamiento grave involucra el juicio oral mercantil 1243/2021, donde se pide investigar posibles irregularidades, cambios de criterio y modificaciones en acuerdos tras reuniones privadas con una de las partes.
El denunciante asegura que el entorno laboral le provocó ansiedad generalizada, además de afectaciones físicas y emocionales, señalando que otros trabajadores también viven bajo presión y temor a represalias.
Ante la gravedad de los hechos, solicitó una investigación urgente, protección para el personal, revisión de expedientes y la separación temporal de la jueza mientras se desarrollan las indagatorias.
La denuncia fue dirigida a Celia Maya García y otras autoridades del Poder Judicial Federal, en medio de un contexto nacional marcado por el debate sobre la reforma judicial y la exigencia de mayor rendición de cuentas.
Hasta el momento, la jueza señalada no ha emitido postura pública sobre las acusaciones.
El caso ya encendió la discusión:
¿se trata de un hecho aislado o de un problema estructural dentro del sistema judicial?
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