La directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, María Fernanda Vivas Sierra, se encuentra en el centro de la controversia tras ser acusada de haber falseado información en su currículum al ostentarse como licenciada en derecho sin contar con el título profesional correspondiente. Según informes enviados a nuestro medio, Vivas Sierra asegura ser egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, aunque no ha realizado su servicio social ni cuenta con cédula profesional, requisitos indispensables para ejercer formalmente.
Abogados laboralistas consultados señalaron que esta situación podría constituir “usurpación de funciones o de profesión”, un delito que, según el Código Penal de Yucatán, puede derivar en sanciones de tres meses a tres años de prisión.
Asimismo, uno de los abogados consideró que Vivas Sierra ocupa su cargo como pago de un favor “político”, dado que el puesto exige que el postulante cuente con al menos tres años de experiencia laboral, como se establece en las bases publicadas en el Diario Oficial del Estado el 16 de agosto de 2022.
Ante estas revelaciones, diversos sectores han solicitado su destitución inmediata, argumentando que la ética y la transparencia son esenciales en un cargo de tal relevancia. Este caso ha generado un debate sobre la verificación de credenciales en el servicio público y sobre las posibles implicaciones legales y éticas para quienes falsifiquen o manipulen credenciales profesionales en la administración pública.